El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos como la rambla, parques, playas o la vereda, con el objetivo de atacar una adicción creciente en la sociedad uruguaya que registra niveles de consumo por encima de la media mundial.
El proyecto establecerá limitaciones a la publicidad, un sistema de permisos para los lugares habilitados a vender y reforzará la fiscalización.
Se controlará que no haya publicidad engañosa sobre todo en horario de protección al menor, y se prohibirán las denominadas “canilla libre y happy hours” para que el alcohol no sea el centro de las promociones. Se regulará los contenidos de las publicidades y se establecerán pautas con la Cámara de Anunciantes y la industria de la bebida.
El texto, que se prevé polémico como lo fue el anuncio de permitir el comercio de marihuana, fue redactado por expertos de la Junta Nacional de Drogas y asesores privados. El documento que ya está siendo revisado por el presidente José Mujica propone también eliminar de las atenuantes previstas en el Código Penal “la ebriedad de la categoría de atenuante del delito”, según lo dijeron a El Observador fuentes oficiales.
En el Poder Ejecutivo se entiende que el alcohol es la principal droga de consumo que incluso tiene una magnitud mayor que la pasta base y la marihuana. El consumo de alcohol –que seguirá siendo legal pero más restringido se vincula directamente a la violencia doméstica y los accidentes de tránsito. “Se trata de cambiar el patrón de consumo para que haya menos abuso, menos menores tomando y para que bajen los accidentes laborales y de tránsito”, dijo a El Observador, Héctor Suárez, responsable del Observatorio Uruguayo de Drogas, dependiente de la Junta Nacional de Drogas (JND). El jerarca prefirió no dar detalles del proyecto “que busca regular” el consumo de alcohol y que reforzará la fiscalización.
Actualmente está prohibido vender alcohol en espectáculos públicos y deportivos y eso será ratificado en la nueva norma. También está hoy prohibida la venta a menores de 18 años. Los responsables de fiscalizar son el Ministerio del Interior, las Intendencias y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), al que se sumará un nuevo organismo que se creará especialmente para el contralor. Una vez aprobada la norma, si una persona ingiere alcohol en la rambla estará cometiendo “una falta” y las sanciones “serán pecuniarias”, dijo a El Observador uno de los técnicos que trabajó en el tema.
El proyecto prevé un sistema de venta similar al utilizado en EEUU y Canadá donde sólo pueden vender alcohol lugares con “licencia”, que es un permiso que otorga el Estado.
En Uruguay hay un puesto de venta de alcohol cada 94 habitantes, realidad que las autoridades consideran “un disparate”. Para obtener la licencia –no está definido si se venderán–, se deberá además haber participado de “un curso de dispensación responsable” del que participarán los barman y hasta los llamados patovicas (personal de seguridad de los bailes), quienes recibirán información sobre cómo tratar a un alcoholizado. Los responsables de las barras deberán también dejar de venderle alcohol a una persona que muestre signos de estar alcoholizado.
Los propietarios de los lugares autorizados que infrinjan la ley, quedarán expuestos a varias sanciones como amonestaciones, multas, la pérdida de la licencia y hasta la clausura del local.
A los que sean encontrados tomando alcohol en la vía pública, como ser en la rambla, deberán pagar una multa. La norma prevé que se podrán otorgar “autorizaciones especiales” para vender alcohol en ciertos eventos al aire libre.
El texto proyecta la formación de personal de salud para detectar casos de alcoholismo y evitar la dependencia. De hecho, autoridades de la Junta Nacional de Drogas están desde hace días en Salto dictando un curso de capacitación en un seminario que apunta a la construcción de un “sistema nacional de atención a usuarios problemáticos de alcohol”.
Julio Calzada, director de la JND dijo en la inauguración ante 70 médicos de familia, que se requiere de “intervenciones breves” para la detección precoz de consumos problemáticos.
FUENTE EL OBSERVADOR..ESTRACTADO: DARDO TECHERA
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